Boluarte declara el estado de emergencia en las zonas de las protestas y convoca a elecciones anticipadas para 2024

Redacción

Los deseos de Dina Boluarte de permanecer en la presidencia interina de Perú hasta 2026 han terminado más rápido de lo esperado. Las protestas en el interior del país en favor de un cierre (disolución) del Congreso y nuevos comicios han provocado al menos siete muertos. Parte de los manifestantes también reclaman la liberación de Pedro Castillo, quien fue destituido y puesto bajo arresto la semana pasada por tratar de disolver el Parlamento. Este lunes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el exjefe de Estado. Todo hace suponer que seguirá detenido. Frente al peligro de que la crisis se extienda en especial por el interior del país, la mandataria provisional declaró el estado de emergencia en las zonas «de alta conflictividad social», donde han tenido lugar ocupaciones de aeropuertos, incendios y enfrentamientos con la policía. A la vez, Boluarte no tuvo otro camino que convocar elecciones generales en abril de 2024. La iniciativa será revisada el miércoles por un Congreso tan impopular como temerario por su capacidad de constituirse en el poder paralelo de Perú.

Al comunicar su decisión, Boluarte dijo estar «interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía» y le pidió a la legislatura una luz verde al proyecto de manera «expeditiva«. Señaló al respecto que la «responsabilidad que implica el ejercicio de la acción del Gobierno» la han llevado a modificar su hoja de ruta.

«En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi Gobierno promoverá asimismo la concertación en el Congreso de una ley de reforma del sistema político que permita a todos los peruanos y peruanas contar con un sistema democrático de Gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana», señaló. De esta manera, Boluarte volvió a formular a un Parlamento con predominio de la derecha un acuerdo para que no se agraven los problemas institucionales.

En ese sentido, llamó además a todas las fuerzas políticas, así como a la sociedad civil, a participar en este proceso «para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente para sentar las bases legales, institucionales y de vida democrática por un Perú unido, libre y con justicia social».

El malestar social

Según el diario La República, «si la protesta, que por el momento no tiene un horizonte claro, va unificándose alrededor de una consigna más política y por parte del Ejecutivo se escoge el endurecimiento de la coerción contra los manifestantes, habrá que temer el rápido desgaste del nuevo Gobierno y el agotamiento de su capacidad de diálogo y negociación».

Por el momento, el conflicto no parece menguar. De hecho, cientos de personas de origen campesino bloquearon la carretera interoceánica y tomaron el aeropuerto de Arequipa, unos 1.000 kilómetros al sur, donde Castillo tiene los adherentes desorganizados que siempre le faltaron en Lima. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció el cese de las funciones de todos los prefectos a nivel nacional para enfrentar el proceso de «desestabilización de las regiones».

Las muertes en la región surandina de Apurimac, de donde es oriunda Boluarte, supone un desafío adicional para la mandataria provisional. «Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares», dijo Boluarte.

Inestabilidad

Si hay algo estable en un Perú que desde 2018 ha devorado cuatro presidentes es su inestabilidad. Boluarte no escapa a esa regla general. «El primer reto grueso para la coalición democrática pos-Castillo apareció inmediatamente», sostuvo el diario limeño El Comercio. «La presidenta y su equipo ministerial no gozarán de un período de luna de miel. En esa línea, sería un grueso error si asumiesen que su llegada al poder implicó el final de una crisis, cuando fue, más bien, apenas otro episodio de una inacabable serie. Están, pues, sobre terreno político pantanoso con la posibilidad de que un mal movimiento los termine por engullir».

De acuerdo con la publicación, si Boluarte y su equipo quieren «superar» el presente trance «con chances de éxito», será «imprescindible que se tiendan puentes inmediatos entre el Ejecutivo y el resto de las fuerzas políticas». El primer gran desafío ha surgido de las calles y el interior. «Mientras algunos intentan causar zozobra usando el contexto político para forzar su punto de vista con bloqueos de vías, secuestros y destrucción, los máximos responsables políticos deberán hilar fino en estos días, con respeto, pero también con firmeza».

Pedido de Argentina, México, Colombia y Bolivia

En este contexto, Argentina, México, Bolivia y Colombia, expresaron su «profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención» de Castillo, y pidieron que se salvaguarde su vida. Para los cuatro países, el maestro rural ha sido «víctima de un antidemocrático hostigamiento» y, desde su destitución, es objeto de «un tratamiento judicial de la misma manera violatorio». Asimismo, solicitaron que se «priorice» la «voluntad ciudadana» expresada en las urnas. El mensaje no pide que el presidente destituido sea repuesto en funciones.

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