Fitch Ratings rebaja calificación de Petroperú a categoría “basura”
Petroperú
La agencia Fitch Ratings mantiene su observación negativa sobre la petrolera peruana.

La agencia Fitch Ratings rebajó por segunda vez en este año la calificación crediticia de la empresa estatal peruana Petroperú de ‘BBB-’ a ‘BB+’, situándola en la categoría “basura”.

La calificadora de riesgo mantuvo la observación negativa sobre la compañía peruana y explicó que la revisión de su perfil crediticio se debe al debilitamiento de la liquidez de Petroperú, el persistente y elevado apalancamiento, el insuficiente apoyo gubernamental y la incertidumbre sobre su capacidad para mantener sus líneas de crédito.

Asimismo, Fitch Ratings consideró como inadecuados los estados financieros no auditados que ascienden a una posición de caja de US$ 32 millones al 30 de junio del 2022. También se advirtió sobre el riesgo regulatorio al que está expuesta la empresa estatal a nivel local.

Además, agregó que los US$ 750 millones otorgados por el Gobierno para apoyar a la compañía y que tiene un período de gracia para pagar el capital y los intereses hasta agosto de 2024, son insuficientes para proporcionar el colchón de liquidez que la empresa necesita para el capital de trabajo y el servicio de su deuda; pues la empresa reveló que US$ 1.200 millones de sus US$ 2.900 millones de líneas de crédito renovables no comprometidas están bajo revisión con los prestamistas.

Asimismo, se aclaró que se mantuvo una perspectiva negativa para reflejar la incertidumbre con respecto a la capacidad de la empresa para proporcionar estados financieros auditados para el cierre del año 2021 a fines de septiembre, y la incertidumbre respecto a su capacidad para mantener sus US$ 1.800 millones de líneas de crédito renovable que Fitch considera cruciales para la compañía.

Situación crítica

Esta es la segunda rebaja que aplica Fitch Ratings sobre Petroperú en lo que va del año, luego de que la empresa atravesara por una situación crítica desde inicios de año por irregularidades relacionadas con designaciones de altos funcionarios y tras retrasos para la presentación de sus estados financieros auditados.

Al respecto, Petroperú señaló que la compleja situación relacionada a la liquidez de la empresa es el resultado de las decisiones tomadas por la anterior administración, entre las que se encuentran la imposibilidad de proporcionar información financiera auditada 2021 antes del 30 de mayo del 2022 al mercado financiero, debido a las discrepancias que esta propició con la firma auditora, lo que no permitió suscribir el contrato de manera oportuna y generó restricciones en las líneas de crédito habituales de la banca nacional e internacional. Además del descalce temporal entre ingresos y obligaciones de corto plazo de la empresa, debido a cambios realizados en la política de pagos a proveedores.

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Petroperú señaló que la compleja situación relacionada a la liquidez de la empresa es el resultado de las decisiones tomadas por la anterior administración.

“El incremento de las obligaciones a proveedores de crudo y productos debido al aumento sostenido de los precios internacionales, así como incremento del costo de transporte internacional; ambos generados por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, complicó aún más la situación de la compañía”, apuntó mediante un comunicado.

Asimismo, precisó que el alto nivel de apalancamiento se debe a los requerimientos para la ejecución del Proyecto Modernización de Refinería Talara, cuyo monto de inversión se sitúa en US$ 5.290 millones sin intereses preoperativos, así como la obtención del apoyo financiero por US$ 750 millones y documentos cancelatorios hasta por 500 millones de soles con la finalidad de asegurar la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional.

Cabe resaltar que el apoyo financiero fue necesario para atender obligaciones de corto plazo con proveedores de crudo y productos; así como el pago de derechos arancelarios e impuestos asociados ante el cierre de líneas de crédito debido al retraso en la presentación de los estados financieros 2021 auditados y el abrupto cambio en la política de pagos, todas estas situaciones generadas por decisiones de la anterior Administración”, enfatizó.

Por otro lado, en relación a las líneas de crédito, la petrolera estatal explicó que, si bien un porcentaje de ellas se encuentran en evaluación hasta la emisión de los estados financieros auditados 2021, existe una mejora en los niveles de líneas disponibles para la Empresa (US$ 1.631 millones al 12 de agosto 2022 vs US$ 1.296 millones al 31 de marzo del 2022).

¿Qué podría hacer Petroperú para revertir esta calificación?

Petroperú detalló que la situación descrita por la clasificadora de riesgos podrá ser revertida con las acciones que ha venido ejecutando el Directorio y la Administración actual desde su nombramiento en abril del presente año, entre las que destaca que en mayo 2022 se obtuvo el consentimiento de los tenedores de bonos, Bancos Sindicados y CESCE, para presentar los estados financieros auditados 2021 el 30 de setiembre del 2022.

Asimismo, la Administración aseguró la realización de la auditoría externa 2021 con la suscripción del contrato con la sociedad auditora PwC el 03 de mayo del 2022. La fecha de presentación de los estados financieros auditados está programada para el 09 de setiembre próximo. Y se revirtió la perspectiva negativa a estable de la agencia de calificación Standard & Poor’s.

También recordó que se viene desarrollando el arranque gradual y progresivo de la Refinería Talara desde abril 2022, proceso en el cual Petroperú está recibiendo las principales unidades de proceso por parte de la contratista Técnicas Reunidas, como la Unidad de Destilación Primaria. Se estima que la nueva refinería Talara inicie operación comercial en el último trimestre del presente año.

Además, mencionó que se viene implementando acciones para fortalecer la Gobernanza de Petroperú respecto a la estructura de gobierno corporativo, transparencia de la información, ética y sistema anticorrupción, gestión de riesgo, cumplimiento y control interno. En ese sentido, la Alta Dirección ha propuesto un nuevo marco normativo para la elección meritocrática del Directorio.

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