La nueva ley protegerá los altos secretos de Estado 50 años y refuerza a Bolaños frente a Robles

Redacción

España da un paso más para cancelar una ley heredada del franquismo. El Gobierno aprueba este lunes, en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, el anteproyecto de ley de información clasificada, la nueva norma que sustituirá a la ley de secretos oficiales de 1968 y que impondrá un plazo de 50 años (prorrogables) a partir del cual la información más sensible y más protegida será de acceso público. El texto fijará un tiempo mínimo de reserva de cuatro años y también hará que el peso del poder de clasificación y desclasificación de documentos bascule de Defensa, hoy dirigido por Margarita Robles, hacia un ministerio «más transversal«, el de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que pilota Félix Bolaños, absoluta mano derecha del presidente. Un departamento que ganará recursos para asumir esa labor y que saldrá, por tanto, fortalecido.

Pedro Sánchez preside este 1 de agosto la última reunión ordinaria de su Gabinete justo a la vuelta de su gira por los Balcanes. Ya había anticipado que el Ejecutivo aprobaría un plan de eficiencia y ahorro energético —el que limitará la temperatura en comercios, hostelería o industria a 27 grados en verano y a 19 en invierno— y un real decreto ley para mejorar la prevención y extinción de incendios. Pero también verá la luz, en primera lectura, la ley de información clasificada, a la que se comprometió con el PNV a comienzos de legislatura, que se incorporó al Plan Anual Normativo (PAN) de 2022 y que aceleró después de que estallara el caso Pegasus. El jefe del Ejecutivo se comprometió con los nacionalistas vascos, durante el debate del estado de la nación, a que el texto saldría de las cocinas de la Moncloa en julio y confirmó a los periodistas que viajan con él por los países balcánicos que finalmente se debatirá en este Consejo de Ministros.

Se establecen cuatro categorías de protección, «conforme a las normas comunes de los socios de la UE y de la OTAN» (alto secreto, secreto, confidencial y restringido) frente a las dos existentes

Lo que el Gobierno pretende es adaptar la legislación en el tratamiento de la información clasificada tanto al ordenamiento constitucional —porque la ley vigente de secretos oficiales de 1968 simplemente fue retocada en 1978, dos meses antes de la aprobación de la Carta Magna— como a los «estándares que se manejan tanto en el seno de la Unión Europea como de la OTAN». El principal objetivo, en síntesis, es cambiar una regulación franquista que permite que documentos protegidos permanezcan ocultos para siempre por otra que impone unos plazos máximos para que sean de dominio público. Algo que no solo reclamaban los grupos de la oposición, especialmente el PNV, que ha hecho de esta materia un caballo de batalla desde al menos 2016, sino también historiadores e investigadores. Sánchez da por sentado que la ley «sentará bien» a los grupos, aunque se abre a cambios durante la tramitación.

El texto establece cuatro categorías de protección de documentos «conforme a las normas comunes de los socios de la UE y de la OTAN»: alto secretosecretoconfidencial restringido. En función de cada categoría, según explican fuentes gubernamentales, los plazos de desclasificación oscilan entre los cuatro años —para los archivos menos comprometidos— hasta el medio siglo (los más sensibles), «pudiendo prorrogarse en algunos casos». El PNV planteaba una horquilla más pequeña: entre 10 y 25 años. La ley de 1968 solo fijaba dos escalones para las materias clasificadas: secreto y reservado, aunque en ninguno de los dos casos imponía plazos para la desclasificación.

«Más recursos» para Presidencia

El borrador, que ha sufrido varias idas y venidas, con aportaciones de varios ministerios, establece una Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, «con competencias, entre otras, de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia».

Sánchez habló con Robles y ella expresó su plena conformidad con la redacción. En Defensa ratifican su aprobación a una ley que «ha quedado fenomenal» y que crea una instancia nueva, ya que la Jujem no existía ya

Este es un apartado clave de la nueva redacción, porque señala quién tiene el poder de clasificar desclasificar documentos. Esto es, para imponer el secreto o para levantarlo. El artículo 4 de la ley de 1968 consigna que la calificación «corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem)». La Jujem fue vaciada de competencias en 1984, tras el golpe de Estado de 23-F (con Felipe González en el poder y Narcís Serra en Defensa), y acabó desapareciendo, así que el Gobierno era el único que hasta ahora podía calificar los archivos. Pero quien se encargaba de «velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada» era, según la ley reguladora de 2002, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo adscrito a Defensa.

Ahora esto es lo que cambia. La nueva ley sitúa la Autoridad Nacional en el Ministerio de la Presidencia, «como ocurre en la gran mayoría de los países de nuestro entorno en la UE y en la OTAN donde se ubica tal autoridad nacional en ministerios transversales y de coordinación interministerial», justifican fuentes del Ejecutivo. Por esa razón, se dotará de «más recursos» al departamento que dirige Bolaños. Será su ministerio el que proponga la desclasificación, aunque quien tendrá la última palabra en el caso de los papeles más sensibles será el Consejo de Ministros.

La Moncloa alega que el control ha de pasar de Defensa a Presidencia al ser un ministerio «más transversal» y que coordina al Gabinete

El argumento de la Moncloa es que entre la información clasificada hay documentos ligados a Industria o a Economía o a otros ministerios, por lo que no tiene sentido que siga siendo Defensa la responsable. Y además España intercambia archivos confidenciales con sus socios europeos y aliados. En la Moncloa recalcan que en el último Consejo de Ministros, el martes pasado, Sánchez habló con Robles y esta expresó su plena conformidad con la redacción.

En Defensa ratifican su aprobación a una ley que «ha quedado fenomenal«: insisten en que se crea un órgano nuevo, la Autoridad Nacional, ya que el CNI no tenía ese estatus, ni esas competencias, ni ese presupuesto, por lo que tiene sentido que descanse en Presidencia. Desde el entorno de Robles recuerdan que ella desclasificó todos los documentos militares hasta 1968 y que la ley franquista «era la norma de una dictadura militar que incluía un órgano inexistente hace muchos años», la Jujem.

Sánchez da por sentado que la ley «sentará bien» a los grupos, aunque se abre a cambios durante la tramitación parlamentaria

Sin embargo, la redacción hace inevitable pensar en el trasfondo político de la decisión. Cuando el Gobierno denunció que Sánchez, Robles y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, habían sido espiados con Pegasus —el teléfono móvil del responsable de Agricultura, Luis Planas, sufrió un intento de intrusión—, se desató una marejada en el Gabinete. Un choque entre Bolaños y Robles.

Los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, el pasado 9 de mayo de 2022 en el Senado, en el LXXII Aniversario de la Declaración Schuman. | EP

Robles, no cuestionada en el Gobierno

La ministra apuntaba que la responsabilidad de controlar los terminales de los altos cargos recaía en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que hasta el cambio de gobierno de julio de 2021 lideraba Bolaños. En el equipo de Bolaños, sin embargo, señalaban que la ciberseguridad era competencia del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. Ambos ministros aclararon «malentendidos» a la vista de que la tensión había trascendido. La directora de los servicios de espionaje, Paz Esteban, acabó siendo cesada, pero ascendió a su puesto la mano derecha de Robles, Esperanza Casteleiro.

Ya hubo fricciones entre Bolaños y Robles a cuenta de la supervisión de los móviles del presidente y de los ministros con el estallido de Pegasus

La nueva ley de información clasificada ratifica la mayor influencia y peso de Bolaños en el Gabinete. Él es el hombre fuerte del presidente, y de hecho pertenece a su primer anillo de poder. Pero eso no significa que la titular de Defensa pierda pie. Su continuidad no está en cuestión —y el presidente además descartó (al menos de momento) una remodelación ministerial—, pero además en el Gobierno y en el PSOE subrayan en que tiene un papel dentro del Ejecutivo, porque ella contrasta con Unidas Podemos y se dirige hacia un electorado más templado. Es decir, que cubre un flanco en el centro al que no llegan otros ministros.

Tampoco sale adelante una propuesta que planteó el equipo de Marlaska y que contaba este diario hace una semana: que fuera un órgano autónomo, aunque tuviera sede en Presidencia, el que se encargara de velar por los secretos de Estado. El Gobierno opta por una fórmula más simple: una Autoridad Nacional en el seno del ministerio que dirige Bolaños. El propio ministro será el que este lunes explique los detalles del nuevo texto tras la reunión del Gabinete. La norma pasará por los órganos consultivos para que evacúen informe, y luego retornará al Consejo de Ministros para una segunda lectura y para que sea remitida a las Cortes como proyecto de ley y arranque la tramitación parlamentaria. Hasta ahora, el Gobierno aspiraba a sacar el texto con el PP, al ser una materia de Estado, pero la relación entre los dos grandes partidos está, ahora mismo, congelada.

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