Crucitas, en la Zona Norte de nuestro país, es un desastre socio-ambiental. La explotación ilegal ha creado un gran problema ambiental pero también esa ilegalidad ha provocado una situación compleja de seguridad en la zona donde, además, el Estado se lava las manos como si no fuese su responsabilidad crear las mejores condiciones de vida posibles para la población en un entorno ambientalmente sano. Todos sabemos poco o mucho de la situación de la zona, ¿pero que pasa con las minas en otras zonas de nuestro país?
Hablemos de la Mina Bellavista en Puntarenas: Hace 7 décadas se otorgó la estas concesión minera en Miramar y, por supuesto, la población no se ha visto beneficiada por los recursos que se explotan en su territorio. Pero lo que es mucho peor, tenemos otro desastre ambiental ante el cual las autoridades del Estado han decidido hacer poco o, mas bien, absolutamente nada.
Durante estas 7 décadas se han presentado numerosas irregularidades. Desde pugnas infructíferas entre concesiones, estudios ambientales deficientes o que de todo no existieron a la hora de autorizar la extracción de oro a cielo abierto, hasta presidentes dispuestos a aumentar el área de explotación poniendo en peligro la Zona Protectora Montes de Oro, hasta ordenes para sacar el oro a cielo abierto ignorando cualquier argumento de expertos. La historia es larga, como también es largo el historial de saqueo minero y destrucción ambiental en la zona, bajo la promesa nunca cumplida de que la población iba a obtener beneficios gracias a los recursos que se explotarían en su territorio.
En historia un poco mas reciente, la empresa canadiense Wheaton River Minerals (WRM) adquirió la mina en 1997 y recibió el permiso ambiental de reapertura a comienzos de 2001 a pesar de la falta de experiencia en minera tropical.
La Mina Bellavista colapso. Desde octubre del 2006 se comenzó a advertir que se vertían bandas retorcidas que transportaban el mineral hasta las pilas de lixiviación al aire libre. Ya para el año siguiente, la mina cayo aterrando por completo la planta donde procesaban el oro. Esto inundo con barro la pila de soluciones cianuradas que se desbordo hasta caer al Rio Ciruelas, el cual desemboca en el Golfo de Nicoya. Pero esto sigue pasando, la pila continúa vertiendo cianuro hacia el Rio Ciruelas lo que significa un desastre ambiental en la zona que, a su vez, afecta una región tan vital ambientalmente y querida como el Golfo de Nicoya. ¿Qué esta pasando y por que las autoridades, que se supone que conocen de esta destrucción ambiental desde hace muchos años, no están haciendo absolutamente nada?
Mientas que Crucitas se enfrenta al desastre ambiental por la no autorización de la explotación minera a cielo abierta y el abandono de la población de la zona por parte del Estado, la Mina Bellavista se enfrenta al saqueo minero y la destrucción ambiental por un Estado que decide mirar hacia otro lado mientras se comenten crímenes en contra de la naturaleza y la población de la zona.
Después del colapso de la mina, lo cierto es que no se hizo ningún tipo de estudio al respecto, no se practicó el cierre técnico y, peor aún, la concesión sigue vigente y continuaron operando un saqueo minero sin estudios. Ni SETENA, ni la Dirección de Geología y Minas, ni ninguna autoridad estatal se han preocupado por la impunidad con la que siempre ha operado la mina, ni se han preocupado por el desastre ambiental que provoco y sigue provocando con el vertido de soluciones cianuradas al Rio Ciruelas y el Golfo de Nicoya.
Los efectos medio ambientales de la Mina Bellavista van desde los visibles como pérdida del paisaje y degradación ambiental, erosión del suelo, deforestación y pérdida de la cobertura vegetal, hasta los potenciales, pero esperables como la contaminación del aire, desertificación, desbordamiento de residuos, contaminación de la superficie del agua, decrecimiento de la calidad del agua, contaminación o agotamiento de las aguas subterráneas y derrames mineros. La destrucción ambiental existe, la hemos visto y se seguirá viendo.
Pero es que tampoco esta larguísima historia de saqueo, destrucción e impunidad han significado en ningún momento beneficios para la población de la zona. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, manifestaciones de coligalleros en Abangares durante los peores momentos económicos de la pandemia? La población de la zona nunca se ha visto beneficiada ante promesas políticas ignorantes de que la explotación de recursos mineros va significar grandes beneficios para la población y el país.
Mientras tanto, organizaciones como la Federación Ecologista de Conservación de la Naturaleza (FECON), Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambienta o el Comité Ambiental de Miramar continúan luchando frente a un Estado irresponsable que permite el saqueo minero sin estudios y bajo una lógica de impunidad total frente a la destrucción ambiental.
No nos podemos seguir olvidando del desastre socio ambiental que sucede en Crucitas mientras el Estado permite que coligalleros ilegales saqueen los recursos de la zona y contaminen el medio ambiente. Pero es que tampoco nos podemos olvidar del saqueo, destrucción e impunidad que las mismas autoridades estatales han permitido en otras zonas de nuestro país. La contaminación provocada por la Mina Bellavista en grave porque pone en especial peligro al Río Ciruelas y el Golfo de Nicoya mientras que la población de la zona continúa viviendo empobrecida.
Por todo esto, la concesión debe ser suspendida hasta que no se apliquen planes remediales ante la destrucción ambiental que está sufriendo la zona. No podemos permitir que las cosas continúen mal y en total impunidad.
Janekeith Durán Barberena
Defensor de derechos humanos
