La subdirectora para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, Sonia Gisselle Tovar Jiménez, fue suspendida provisionalmente durante tres meses por la Personería de Bogotá. Según el ente regulador, la funcionaria habría incurrido en una falta gravísima en el ejercicio de sus funciones y, con ello, los derechos de adultos mayores y habitantes de calle se pusieron en riesgo.
Por la naturaleza de su puesto, a Tovar le correspondía ejecutar el Proyecto 7770 de 2020, titulado “Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá Cuidadora e Incluyente”. La Alcaldía de Bogotá creó este proyecto para atender a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad por permanencia o riesgo de habitabilidad en calle.
La Personería hizo veeduría sobre cómo se estaba ejecutando este proyecto a cargo de Tovar y concluyó que “la investigada habría ejercido una inadecuada planeación de los procesos contractuales dirigidos por la Secretaría Distrital de Integración Social en la atención de esta población en la ciudad”, por lo cual tomó la decisión disciplinaria.
De forma específica, la planeación deficiente de Tovar causó el cierre de seis de las siete unidades de Cuidado Transitorio Día – Noche, centros que funcionan para dar cuidado y abrigo a adultos mayores de 60 años que estén en riesgo de vivir en la calle, o que ya la estén habitando.
Al dejar de operar, los abuelos que eran atendidos ahí tuvieron que desalojar y ser trasladados a tres unidades que atienden a adultos mayores de 29 años con este mismo riesgo. No obstante, estos adultos tienen necesidades diferentes; tanto así que para ellos hay una entidad distinta —la Subdirección para la Adultez— y un proyecto con objetivos distintos —Servicio para la Dignificación y Resignificación del Fenómeno de Habitabilidad en Calle—.
“El primer servicio está exclusivamente orientado a la atención de personas mayores de 60 años, con estrategias de atención diferencial específicamente orientadas para este momento del curso de vida; el segundo, tiene una oferta orientación atención de las necesidades de las y los ciudadanos de 29 años o más habitantes de calle y en riesgo de estarlo”, señala el auto de la Personería de Bogotá.
Entonces, al tener oficinas y presupuestos diferentes, la Personería no encontró una justificación válida para que se juntara a los adultos mayores con los otros usuarios en los mismos centros de cuidado. Lo más grave de todo: como los derechos de los adultos mayores son prioridad, se les está negando la atención a los otros habitantes de calle que también la necesitan.
“La reubicación de la población adulta mayor en los centros destinados para la atención de personas mayores de 29 años habitantes de calle o en riesgo de serlo, disminuye los cupos ofertados, en tanto se entiende que se ha priorizado la recepción de personas mayores de 60 años, quienes deberían ser destinatarias de los programas de vejez”, dice el informe.
Por todo ello, la Personería pidió a la alcaldía que cumpla con la atención diferenciada para los adultos mayores y suspendió a la funcionaria que debía estar a cargo de su cuidado. Durante esos tres meses de suspensión, Tovar no percibirá salario.
Alimentación, otro punto de discordia con Integración Social
Durante el mes de junio, en Bogotá se han registrado varias denuncias de personas que no han podido acceder a los servicios de comedores comunitarios, que no les han entregado los “bonos de alimentación”, incluso, jardines infantiles donde no se está cumpliendo con la entrega de la comida para los estudiantes. La lista de quejas es larga, pero, el tema ha detonado en protestas, tanto de la ciudadanía, como pronunciamientos desde el Concejo de la capital colombiana.
Por ejemplo, hace un par de semanas se vio una manifestación al frente de la sede de la Secretaría de Integración Social, las personas reclamaban que la alcaldía les había incumplido con las entregas del plan de alimentación; además, algunos aseguraron que retiraron a más de 10 mil personas con discapacidad de los programas.
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La nota Subdirectora para la Vejez en Bogotá habría puesto en riesgo a habitantes de calle: fue suspendida por tres meses salió publicada en Infobae